Análisis de derecho, estrategia procesal y aciertos/errores en la demanda de prescripción extintiva y alzamiento de embargo.
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en Derecho CivilAnálisis procesal del cómputo de plazos (Art. 2332 del Código Civil) y la inoperancia de la sede penal como causal de interrupción civil
El presente informe aborda las reglas matrices que gobiernan la prescripción extintiva de la acción de responsabilidad extracontractual en el ordenamiento jurídico chileno, enfocándose en la determinación del dies a quo para el cómputo del plazo y los estrictos requisitos procesales exigidos para su interrupción civil. La institución de la prescripción responde al principio de certeza jurídica y se encuentra regulada, para el ámbito aquiliano, en el artículo 2332 del Código Civil, el cual prescribe de forma taxativa: "Las acciones que concede este capítulo por daños o dolo, prescriben en cuatro años contados desde la perpetración del acto". A pesar de la aparente claridad del texto legal, la jurisprudencia y la doctrina han debido delimitar con precisión procesal el alcance de la expresión "perpetración del acto" cuando existe una disociación temporal entre la conducta y la manifestación del daño, así como los efectos que la tramitación de un proceso penal paralelo produce sobre la acción civil.
Ver informeEl alcance de las facultades correctoras de oficio del Artículo 84 del CPC frente a la pérdida de competencia por equivalentes jurisdiccionales
Analizamos las consecuencias procesales de la dictación de sentencias que adolecen de vicios de incongruencia y falta de competencia en alzada, específicamente cuando un tribunal de segunda instancia yerra en el objeto del recurso debido a una defectuosa tramitación digital. Se examina la preeminencia de las facultades correctoras de oficio de la Corte Suprema por sobre el conocimiento de los recursos de casación formal de las partes.
Ver informeAnálisis Crítico del Fallo Tranex con Anglo American Sur S.A. y el Valor de la Sana Crítica Frente a Informes Unilaterales
El caso se origina a partir del término unilateral y abrupto, en septiembre de 2014, de una relación contractual de 23 años entre la minera transnacional Anglo American Sur S.A. y su contratista de movimientos de tierra, Tranex Ltda., período en el cual se ejecutaron contratos por un valor de $438 millones de dólares. Tras la ruptura, la mandante desplegó una estrategia judicial multidimensional y agresiva basada en un presunto fraude sistemático en el cobro de servicios, la cual incluyó: Vía Penal: Interposición de una querella criminal por el delito de estafa reiterada, cuyo monto imputado se amplió a $14.000 millones de pesos. Vía Cautelar: Obtención de medidas prejudiciales precautorias de retención de dineros y prohibición de celebrar actos y contratos, afectando la liquidez y operación de la contratista. Vía Arbitral/Civil: Activación de un arbitraje institucional ante el CAM Santiago y posterior sede civil, exigiendo la restitución de $12.000 millones de pesos por supuestos cobros indebidos (horas fantasmas, alteración de horómetros y vales adulterados).
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