Inimputabilidad administrativa por minoría de edad en infracciones migratorias y el estándar de motivación reforzada.
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en Derecho ConstitucionalLímites constitucionales y legales a la Ley “Aula Segura” frente a estudiantes neurodivergentes.
El presente artículo analiza la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones de Arica en el recurso de protección, la cual acoge la acción constitucional deducida en favor de un estudiante de 15 años con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y trastorno bipolar, afectado por una medida de expulsión bajo el estatuto de la Ley N° 21.128 (“Aula Segura”). El estudio examina la colisión entre las potestades disciplinarias de la autoridad escolar, las garantías del debido proceso administrativo, y la normativa especial de inclusión (Ley N° 21.545 y Ley TEA), destacando la exigencia de aplicar protocolos de desregulación emocional y el deber fundamentado de motivación en la máxima sanción escolar (ultima ratio).
Ver informeTribunal Constitucional suspende a abogada por inventar fallos y libros en un escrito judicial
El Tribunal Constitucional ejerce sus potestades disciplinarias (remitiéndose supletoriamente a los artículos 542 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales) para sancionar severamente una grave infracción a la probidad y lealtad procesal en la confección de un escrito de defensa.
Ver informeVulneración del derecho a la salud, trato preferente a la persona mayor y procedencia del Recurso de Protección ante omisiones en listas de espera quirúrgicas.
La recurrente, una paciente de 75 años, fue ingresada el 31 de marzo de 2025 a la lista de espera quirúrgica en la especialidad de Traumatología Adulto del hospital recurrido, requiriendo una cirugía de endoprótesis total de rodilla izquierda. A lo largo de 2025, el centro asistencial aplicó únicamente procedimientos paliativos (bloqueo y crioterapia de nervios geniculados) cuyos efectos fueron temporales, retornando la paciente a su estado de dolor basal crónico e intratable al mes siguiente de las intervenciones. Al momento de interponer la acción, la paciente se mantenía en la lista de espera sin una fecha cierta para la cirugía, sin derivación efectiva a otros centros de la red y sin una priorización real derivada de su condición de persona mayor.
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